resolución Defensoría del Pueblo.
El viernes 15 de julio el Sr. Defensor del Pueblo Arq. Hugo Cabral firmó la resolución 564/955-DP-11(SA) que implementa las Normas de Trato Social para Identidades de Género Trans, en todo el ámbito de la Defensoría del Pueblo de Tucumán. El dictamen toma las últimas recomendaciones de ONU sobre identidad. De este modo, la Defensoría del Pueblo es la 1era institución gubernamental de la provincia que decide aceptar nuestro pedido, implementando esta medida.
«La creencia errada que la identidad de las personas está definida por la identificación realizada al momento del nacimiento, trae aparejada la exclusión de la comunidad trans del ámbito en donde ésta impera» expresó el dr. Agustín Martinez director de Crisálida JUS. «La resolución aprobada por el Sr. Defensor del Pueblo, resulta fundamental desde distintos puntos de vista. En primer lugar, las personas que recurran a la Defensoría, en general por vulneración de derechos fundamentales, encontraran allí un lugar en el cual serán tratadas de forma respetuosa, reconociéndoseles el género autopercibido y el nombre elegido acorde. En segundo lugar, porque este organismo estatal impulsará en el resto de la provincia, políticas activa en favor del buen trato. La aplicación de normas de trato, muestran el camino a una correcta identificación de las personas, coherente con la identidad construida, y son un impulso significativo a la aprobación de las leyes necesarias» finalizó el letrado.
Podes acceder a la resolución en este enlace:
resolucion defensoria del pueblo de tucuman
El dictamen explicita el compromiso de la defensoria de impulsarlas en las dependencias de la administración pública provinciales.
«Desde la defensoría estamos trabajando para garantizar un pleno acceso a los derechos humanos para todas las personas. Por esto, en la Defensoría respetaremos las identidades de género trans». manifestó el Arq. Cabral, defensor del pueblo de Tucumán.
Desde comienzos de 2010 Crisálida viene impulsando la aplicación de normas de trato social para personas con identidades de género trans. En dicembre del año pasado Crisálida logró que el Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán dictaminará favorablemente a la aplicación de normas de trato social para personas con identidades de género trans en todo el ámbito de esa Alta Casa de Estudios.
De igual modo, Crisálida presentó el pedido en la Defensoría del Pueblo de Tucumán, remarcando que en el ámbito de la administración pública se debe garantizar el respeto a la identidad de género, dignidad e integridad de todas las personas. Por esto es necesario garantizar en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia y demás instituciones, el cumplimiento real y efectivo de los derechos humanos que nuestra Constitución Nacional consagra a través de la incorporación de Tratados Internacionales que contemplan los derechos personalísimos y el derecho a la intimidad (Art. 75 inc. 22 C.N).
En tal sentido, y dentro del alcance e interpretación que debe acordarse a la normativa supra legal citada precedentemente, resulta oportuno y conveniente garantizar en el ámbito de la administración pública el ejercicio del derecho de las personas travestis, transexuales y transgénero a ser llamadas por el nombre sentido, autopercibido, o identitario, es decir, aquel que han adoptado libremente en pleno ejercicio de los derechos humanos arriba aludidos.
El reconocimiento y respeto a la libre opción sexual e identidad de género se traduce en la preservación, principalmente, de la dignidad humana, mientras que, a su vez, garantiza la libertad, igualdad y trato no discriminatorio, permitiendo una mejor convivencia dentro de la comunidad, facilitando el desarrollo pleno de la personalidad de las personas. Del mismo modo le recordamos que el respeto al derecho de identidad o expresión de género propicia la salud y la integridad psicofísica de las personas, fomentando también su mejor desempeño laboral y en todos los ámbitos de su vida.
Como antecedente, la situación jurídica de las personas trans, fue especialmente estudiada por un distinguido grupo de especialistas en derechos humanos, quiénes han redactado, desarrollado, discutido y refinado los Principios de Yogyakarta. De este modo la Defensoría del Pueblo de la provincia se transforma en la primera institución provincial en aplicar estas normas de trato social para personas trans.